ACTUALIDAD

La EPA del último trimestre de 2011, la herencia recibida, arroja la intolerable cifra de 5.273.600 desempleados, la más alta de la Historia de España y, en porcentaje (22'85%), sólo superada en 1995 con el gobierno de España en manos del Partido Socialista.

Si el dato lo centramos en la Comunidad Valenciana, peor: 641.000 personas en el paro con un 25'45% sobre la población activa.

Y las previsiones no son mucho mejores ya que el incremento de los expedientes de regulación de empleo (E.R.E.s) de 2011 superan a los del año anterior en un 37%.

Ocurre, además, que la mayoría de los ERE,s tramitados a lo largo de 2011 lo son de suspensión temporal o de reducción de jornada y todo apunta a que, si Dios no lo remedia, este 2012 verá trasformarse un buen número de ellos en expedientes de extinción.

En terminología sindicalista los expedientes presentados en 2011 eran, en buena medida, "preventivos", para evitar despidos y con objeto de beneficiarse de lo dispuesto en la anterior reforma laboral que las leyes 36 y 38/2011, de 10 de octubre, terminaron de perfilar.

Me refiero, en concreto, a la posibilidad de "poner el contador a cero" en el supuesto de EREs de suspensión del pasado año que, lamentablemente estaban abocados a la extinción y esta se produzca antes de 31 de diciembre de 2012 por Resolución de la Autoridad Laboral o Auto del Juzgado de lo Mercantil.

El paro consumido, hasta 180 días como máximo, se devolverá al trabajador y podrá reiniciar la prestación a partir del cero.

Todo ello aventura un incremento importantísimo del desempleo sobre todo a partir del segundo trimestre de este año por virtud de una legislación que no tenía otro objeto que evitar alcanzar los cinco millones de desempleados en 2011 cosa que, por otra parte, no ha conseguido eludir.

Las recientes medidas de ámbito nacional, secundadas en las Comunidades Autonómicas para corregir el déficit público, fundamentalmente, aventuran una destrucción importante del empleo público en las tres administraciones (central, autonómica y local) recurriendo a expedientes de regulación de empleo para proceder a la extinción de contratos entre el personal laboral.

Alguna sentencia en Cataluña ha puesto en tela de juicio que los EREs extintivos se hagan por razones económicas, lo que podría ser cierto. Parece que el encaje del adelgazamiento de las plantillas tampoco podría basarse en causas técnicas, organizativas o de producción dada la especial posición de las administraciones públicas en el mercado de trabajo.

Lo que no se ha explorado todavía y en la Comunidad Valenciana aún no se ha planteado es recurrir al procedimiento de regulación de empleo por otra de las causas que figura en el Real Decreto Ley 801/2011, de 10 de junio (Reglamento de los EREs) y que cuenta con un capitulo propio, el IV: la causa de fuerza mayor.

Las razones exógenas que nos impone la Unión Europea y la especial condición de los empleados públicos podrían acogerse a esta causa en los meses venideros.

En cualquier caso y sin restar un ápice de esperanza al futuro menos inmediato, habrá que convenir que a los 1.575.000 hogares con todos sus miembros en paro se añadirán muchos más este 2012 que nos recuerda las leyendas mayas y el fatídico año 1000 felizmente superado.

Fermín Palacios