CREO EN LA JUSTICIA
El pasado día 1 de julio del corriente, la Juez del Juzgado nº quince de los de Valencia, Esperanza Montesinos Llorens, ha dictado una sentencia, la nº 238/13, pionera en toda España y que pone al FOGASA a los pies de los caballos.
En estos momentos dicho organismo, alegando falta de medios, incumple su propia normativa y tarda hasta quince meses en resolver las solicitudes de cantidad o indemnización por despido en empresas concursadas, declaradas insolventes o de menos de 25 empleados, según los casos.
Hubo tiempos mejores cuando la tardanza era de dos meses.
El problema gravísimo para los trabajadores que accedían a estos fondos era el tiempo trascurrido desde su despido o reclamación hasta el cobro que, a veces, alcanzaba los tres años.
Mientras, habían agotado el paro, los pocos ahorros que aún quedaban en casa o las ayudas familiares que podían juntar.
El Art. 43.3 a) de la Ley de Procedimiento Administrativo es claro y contundente: las solicitudes que a los tres meses de su presentación no hayan sido denegadas se consideran -silencio administrativo positivo- aprobadas.
El FGS había hecho mangas y capirotes de esta norma sin tomar en consideración la problemática en que situaba a miles de trabajadores o ex trabajadores que se encontraban sin ningún tipo de ingresos.
El Sindicato Independiente instó una demanda contra la denegación -un año después- de la reclamación de dos trabajadores demandantes del FOGASA.
Y ha obtenido sentencia favorable que podrá extenderse (con las demandas correspondientes) a miles de solicitudes estancadas en Ángel Guimerá, 33, para el caso de Valencia y otros domicilios para el resto de las provincias de toda España.
No sabemos si la solución es privatizar el sistema. Creemos que no. Se deben aplicar más medios donde es necesario. Ampliar plantillas en el FOGASA. Mejorar la tecnificación y procesamiento de los datos. Ampliar horarios si fuera preciso. Evitar el trabajo esclavista de los pocos y pobres funcionarios que carecen de apoyos e ilusiones.
Un juzgado ha decidido mojarse en pro de los más débiles y de la aplicación de la Ley. Confiamos que el TSJ de la Comunidad Valenciana afiance nuestra creencia en el Estado de Derecho si el FOGASA recurriese.
Una pena que los millones de euros perdidos en tramas de corrupción no hayan servido para paliar las disfunciones del sistema.
Aún estamos a tiempo. Regeneración
Fermín Palacios
Secretario General SI - CV