ACTUALIDAD

I.- Las instituciones, en España, dejan mucho que desear. Casi todas. Cuando no cojean de un pie, lo hacen de los dos. Y ello por culpa de los personajes que las ocupan, contaminados por el clima de corrupción generalizada que se ha enseñoreado de nuestro País.

II.- Si bien todas son objeto de críticas, algunas incluso desaforadas, hoy me quiero detener en una de las más altas en la escala jurídica del Estado: el Tribunal Constitucional.

Su existencia la contempla el Art. 159 de la Constitución y su regulación básica se desarrolla en los artículos siguientes, hasta el 165 y la Disposición Adicional Novena. Hay, además, una Ley Orgánica que establece su funcionamiento y desarrollo.

Sería justo que toda esa legislación se modificara habida cuenta del desprestigio que el Tribunal Constitucional ha sumado por cuenta de sus decisiones, absolutamente políticas en la mayoría de los casos y relativistas en su totalidad.

III.- Un ejemplo nos aclarará lo anterior.

El Real Decreto-Ley 13/2005, de 28 de octubre, modifica la Ley 4/1986, de 8 de enero, de cesión de bienes del patrimonio sindical acumulado, con el sólo objeto de dotar a UGT con 151 millones de euros para saldar la deuda del delito continuado cometido con los cooperativistas de la PSV ("las casas baratas socialistas") en la mayor estafa de la democracia. Como decía la sentencia del TS de 9 de octubre de 2003 "resulta de todo punto lógico que sea así pues I.G.S y PSV no son otra cosa que el sindicato UGT interviniendo a través de aquellas formas jurídicas, en la actividad desplegada por las mismas, desencadenante del delito y de los perjuicios de él derivados".

151 millones de euros regalados por Valeriano Gómez a UGT-de manera espúrea al amparo del Real Decreto-Ley recurrido al Constitucional- son siete veces (¡siete!) lo que el ex tesorero del PP (el ínclito Barcenas) colocó en Suiza de manera irregular.

Tanto el PP como la CS de CCOO recurrieron el Real Decreto al Tribunal Constitucional a lo largo del 2005 y comienzos del 2006 sin que a fecha de hoy tengamos noticias (más de siete años después) de su paradero y su resolución.

Tan irregular fue la adjudicación de los 151 millones de euros que Antonio Gutiérrez -a la sazón diputado del PSOE en noviembre de 2005- se negó a convalidar la norma que pretendía "querer subsidiar de manera artera y con dinero público a UGT".

Con ese dinero se condonó la deuda que UGT tenía con el ICO (equivalente al IVF de nuestra Comunidad) regentado entonces por el valenciano Aurelio Martínez.

Mientras en Valencia se avalaba al Valencia S.A.D, en Madrid el Partido Socialista lo hacía -por mayor cuantía- al sindicato hermano, a UGT, que, además, había sido condenado en firme por un delito continuado de apropiación indebida.

IV.- Y, mientras, el T. Constitucional mirando hacia otro lado.

Los miembros del T.C., unos auténticos vagos, con sueldos elevadísimos, cobran por su holganza. Dejan que los años corran devengando tríenios y quinquenios sin resolverlos.

Y cuando lo hacen, además, dictan sentencias mareantes, alejadas de la realidad y de la norma aunque, eso sí, próximas a la afición de los miembros del Tribunal: la caza.

No podemos olvidar que el T.C. es experto en "marear la perdiz".

Lo dicho: vagos y mareantes.

Fermín Palacios Cortés
Secr. Gral. SI