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La Juez Alaya está realizando un trabajo admirable y extenuante para poner en claro una de las estafas más importantes de los últimos años y que tiene mucho que ver con la financiación de los sindicatos mayoritarios.

Si desde 1993 la vía más importante procedía de los cursos de formación (para desempleados y trabajadores en activo) al poco tiempo se especializaron en los ERE's y fundamentalmente en las "prejubilaciones" a ellas anexas.

De los tres conceptos que integraban la "prejubilación" -indemnización derivada del despido, dotación individual facilitada por la autoridad Autonómica y subvención del convenio de mejora con la Seguridad Social facilitada por el Ministerio- obtenían pingües beneficios que iban a parar a los "sindicalistas asesores", a la federación de rama y a algunos abogados que participaban en las tramas.

Murcia fue, durante un buen periodo de tiempo, modelo de corrupción que llegó a los tribunales de justicia con -incluso- agresiones físicas entre sindicalistas y asesores que no estaban de acuerdo con el reparto de las mordidas.

En Valencia hubo quien le montó a su mujer un comercio con los impuestos revolucionarios cobrados.

Vitalia, con domicilio en Barcelona, C/. Pau Claris, 115-1-2ª, bajo la dirección de María Vaqué Molas, extendió sus tentáculos a toda España. En Valencia el responsable más activo fue Manuel Sanz Rodríguez que se desplazaba desde Madrid (C/. Sagasta, 16).

Posteriormente tras la entrada en liquidación de dicha sociedad Apraleven NV, con Vicente Monzó, recogió el testigo pese a que el domicilio de la compañía estaba ubicado en Jan Van Rijswija Klaah, 66, en Amberes (Bélgica).

Otras empresas, como Uniconsult, S.L., Atlantis, etc., etc. mediaban en los ERE's y facilitaban prejubilaciones a los trabajadores mermadas en las comisiones, corretajes, mordidas e "impuestos revolucionarios" que se entregaban a los sindicatos.

La juez Alaya ha logrado destapar el hilo de la madeja que no es andaluza sino española.

Las organizaciones sindicales -descubierta parte de la trama- se reinventan: el Art. 51 del Estatuto de los Trabajadores, en su párrafo 10, desde febrero de 2012 (Reforma Laboral de Rajoy), establece la obligación, por parte de las empresas que despiden a más de 50 empleados, de ofrecer a los afectados un plan de recolocación externa a través de empresas de recolocación autorizadas.

¡Eureka!

La nueva vía de financiación sindical viene por esa ahí. Algunas agencias colaboradoras de los sindicatos mayoritarios pagan las mordidas una vez han conseguido ser contratados por las empresas que realizan los despidos y previa "sugerencia" sindical.

Se ruega poner especial atención en alguna agencia de colocación que aproveche que el Pisuerga pasa por Valladolid.

Fermín Palacios Cortés
Secretario General SI