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Quien tenga algún amor por la verdad y quiera saber algo del sindicalismo que hoy emponzoña las relaciones laborales deberá hacer un pequeño esfuerzo y leer, al menos, los cuatro siguientes libros que recomiendo: “La conjura del zar. Nicolás Redondo-Felipe González: una guerra inacabada”, de José Antonio Sánchez y Roberto Santos, en Ediciones Temas de Hoy; “A la sombra del poder” de Mar Díaz Varela y Mariano Guindal, en Tibidabo; “La otra transición. Nicolás Redondo: el sindicalismo socialista”, de Mariano Guindal y Rodolfo Serrano, en Unión Editorial y, por último, “El agujero. PSPV y los dineros de UGT” de Manuel Hermógenes y Alfonso Torres, en Temas de Hoy.

Las conclusiones a la lectura son elocuentes: el sindicalismo de al menos una organización de trabajadores mayoritaria está lindando, lisa y llanamente, con la pura delincuencia.

La acción sindical de UGT está plagada de sentencias que la condenan llegando al Tribunal Supremo en algunas ocasiones: fraudes en la Formación, Cooperativas de Vivienda, suspensiones de pagos (actualmente “concurso de acreedores”), denuncias en la Inspección de Trabajo por irregularidades en la cotización de sus abogados, etc., etc.

Un caos continuado que, en condiciones normales, hubiera supuesto la disolución del sindicato por quiebra técnica, en el mejor de los casos, y ocupación de alojamientos sin libertad, en otros.

Sin embargo siempre acudió en ayuda la clase política afín. Los Ministros de trabajo del Gobierno de España Chaves y Almunia, allí por los años 86, 90 y siguientes sacaron, con evidente prevaricación de la que aún nos acordamos algunos, agua del agujero.

4.144 millones “a cuenta del patrimonio histórico” en el 86 (con motivo de las elecciones sindicales de aquel año) le fueron entregados a UGT rompiendo el equilibrio y la neutralidad que aquella confrontación requería. Otros 4.144 millones (eran “los mismos” o “distintos”?) en 1990, en la nueva confrontación.

Y en 1999, y en 2000, y en 2003 y en 2006…

El pasado viernes, y contra cualquier manifestación de justicia, tras modificar el Gobierno de manera aviesa la Ley del Patrimonio vía Decreto-Ley, y por razones de una urgencia que ha devenido falsa, introduce el concepto “vinculado” y vincula a UGT a todas las organizaciones autónomas, independientes, profesionales y católicas que existían en 1936, a 18 de julio, en Zona Republicana.

De esta manera se atribuyen 150 millones más de euros, a cuenta de un patrimonio rechazado por la consultora Richard Ellis, ya en 1985, y se permite que UGT renazca de sus cenizas. El Instituto de Crédito Oficial (ICO), en manos del valenciano Aurelio Martínez, podrá así cobrar la deuda que desde el 93 ha acumulado UGT por cuenta del delito continuado de apropiación indebida cometido con ocasión del asunto de la Cooperativa de Viviendas PSV-IGS-UGT.

CCOO ha levantado, voz en grito, su protesta. Ha recurrido al Constitucional. El PP también.

El Sindicato Independiente de la C.V. (Confederación Valenciana de Trabajadores) lleva años denunciando casos como este sin que nadie escuche.

Y a todo esto las elecciones sindicales siguen su curso. En 15 de septiembre comenzó un nuevo proceso interminable que se extenderá hasta 31 de diciembre de 2007 en su 90 %. UGT dispondrá, frente a las demás siglas, de un regalo espúreo de 150 millones de euros.

Los sindicatos minoritarios seguirán pensando que “el criminal- contrariamente a lo que proclamaba la serie radiofónica de finales de los cincuenta- siempre gana”.

Mal ejemplo para todos.

Fermín Palacios Cortés

Secretario General S.I. –C.V.T

(Confederación Valenciana de Trabajadores)