ACTUALIDAD

Por enésima vez, desde septiembre del 94, y con mandato representativo cuya duración será de cuatro años (salvo prórroga) se convocan nuevas elecciones sindicales.

Desde el pasado quince de septiembre y hasta diciembre de 2017 se renovarán alrededor de 30000 representantes sindicales de los sectores públicos y privados en la Comunidad Valenciana.

Durante los próximos quince meses se celebrarán elecciones en aproximadamente el 75 % de las empresas donde cuatro años atrás tuvieron convocatoria electoral. Los años 2016 y 2017, residuales, completarán el esfuerzo organizativo de los sindicatos, volcados en su acción sindical, en estos menesteres.

Tendrán que disponer medios humanos, organizativos, técnicos, propaganda y esfuerzos en un cometido que a la postre mide la representatividad interna y externa en los centros de trabajo y en las instituciones.

A 31 de diciembre de 2013 fueron certificados (elegidos durante los cuatro años anteriores) un total de 30.950 representantes de los cuales 2.483 pertenecían a la función pública además de otro número sin determinar, pero superior, correspondiente al personal laboral de las diversas administraciones públicas fundamentalmente administraciones locales.

Si tomamos como referencia el 31 de diciembre de 2009 -mandato anterior- la cifra fue de 36.061 y 2.160, respectivamente, lo que significa que desde esa fecha los mandatos se han reducido en un 14,18% equivalentes a 5.111 representantes que siguieron a las desapariciones de empresas por cierre del negocio, reducciones de plantilla y consiguiente restricción de número de representantes, etc., etc.

Todo ello a pesar del incremento del número de miembros de Juntas de Personal y Delgados de la Función Pública por adecuación de dicha representación a lo establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público coincidente con el Estatuto de los Trabajadores.

Se supone que todos los medios sindicales se volcarán en el proceso bien es verdad que dichos medios son hoy inferiores a los que venían manejando en anteriores convocatorias. Se han reducido los liberados, se han reducido las subvenciones, se han mermado en cantidades importantes los fondos de formación y las ayudas previstas en el PAVACE para los sindicatos mayoritarios que, a su vez han

realizado ERTE,s y ERE,s para adecuar sus estructuras a los "tiempos asesinos" en que nos movemos.

No en balde la Jueza Alaya ha levantado las alfombras de la corrupción en Andalucía. La realidad, lamentable, se extiende a lo largo y ancho de toda la piel de toro que ha trasformado en una gusanera el sindicalismo español más representativo.

Prueba de la debilidad en que se mueve el movimiento obrero es que, a fecha de hoy, las convocatorias de elecciones en las empresas han bajado sustancialmente en las tres provincias de la Comunidad.

En Valencia de las 813 promociones electorales en empresas del año 10 se ha descendido a 523; en Alicante de 532 a 348; y en Castellón de 180 a 114, lo que -en términos globales- constata que se ha reducido al 64,59% las promociones electorales a fecha de 15 de septiembre.

¡Estos son los mimbres que se manejan! La cesta que se componga estará en función de estos datos.

Hay menos agentes electorales en los polígonos industriales, menos contratados por los sindicatos dedicados a la celebración de elecciones y menos medios materiales que pillan a los más representativos con sus defensas bajas.

No sería de extrañar, por tanto, que el proceso, a 31 de diciembre de 2014 y a 31 de diciembre del 2015, se cierre con un número bastante inferior a la última certificación emitida por la Dirección General de Trabajo, Cooperativismo y Economía Social que, ya lo dijimos, se elevó a 30.950 representantes.

Hay numerosas empresas desaparecidas, menor contratación pública en los ayuntamientos y menores disponibilidades en los sindicatos de medios humanos y materiales.

Mayor igualdad, por tanto, para el resto.

Fermín Palacios Cortés