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El Art. 31 de la antigua Ley de Relaciones Laborales de 8 de abril de 1976 recogió con carácter general obligatorio la figura del Fondo de Garantía Salarial, tomando como referencia modelos del derecho laboral belga de los años 1966 y 1967, y los privilegios de las deudas de los trabajadores en Francia (año 1973) o Alemania (1974).

Solis Ruíz, Ministro de Trabajo en aquel entonces, justificaba la aparición de la Institución en que la Memoria de la Fiscalía del tribunal Supremo recogía que en los tres últimos años las suspensiones de pagos en toda España habían pasado de 181 en el años 1972 a 410 en 1974 y de 90 quiebras a 118 en el mismo periodo. En toda España.

Como hoy. Igual, igual.

Establecido el FOGASA , con diferentes y sustanciales modificaciones a lo largo de los años, hoy el Estatuto de los Trabajadores lo regula en su artículo 33 fijando la responsabilidad de dicha Institución.

En términos generales el FGS abonará - en caso de insolvencia o concurso de acreedores - hasta cuatro mensualidades en concepto de salarios (atrasos, partes proporcionales de pagas, finiquito, etc etc, ) y hasta una anualidad en concepto de indemnización por extinción del contrato de trabajo a 20 días por año trabajado. Todo ello tomando como base el tope del duplo del Salario Mínimo Interprofesional, equivalente a 50,10€ hoy.

En otros momentos y con las cuentas más saneadas el FOGASA respondía del abono de las indemnizaciones por hasta el triple del SMI y aceptaba hasta cinco meses de salario. Pero eso era cuando había "esplendor en la hierba" y "qué verde era mi valle".

De pagar, antes del 15 de julio de 2012, 11.202€ de salarios y hasta 27.258€ por indemnización hoy lo han reducido a 6012€ por el primer concepto y 18.828,85€ por el segundo. Ha habido una pérdida del 35,42% en las prestaciones.

El FOGASA se nutre de las nóminas de todos los trabajadores en activo con lo que, en situaciones como la actual (levemente mejor que en años anteriores), - mucho paro y muchos beneficiarios de prestaciones - la posición económica de dicha institución es débil.

Al acumularse las empresas en crisis, en concurso de acreedores y la suma de despidos también han crecido - de manera exponencial - los solicitantes de prestaciones aunque la Administración - por su parte - no haya realizado esfuerzo alguno para contratar nuevos empleados o dotar de medios adicionales al FGS.

En otra época (ya casi en otra era) el FOGASA abonaba las prestaciones dos meses después de presentar la solicitud, hoy, en muchas ocasiones, lo hace dos años después contraviniendo lo dispuesto en la legislación y lo fijado en sentencia por el Tribunal Superior de

Justicia C.V. que conmina a abonar las cantidades e indemnizaciones a partir de los tres meses de su prestación por imperativo legal.

El plan "GRETA", dotado con 3.5 millones de euros pretendió sacar adelante alrededor de 180.000 expedientes atascados recurriendo a la externalización (empresa vinculada a TRAGSA) tras haber rechazado los funcionarios los incentivos ofertados, diez veces inferiores a los empleados en el programa. ¡ Y la empresa que debía resolver el tema entró en concurso de acreedores!

Nuestra Comunidad, abandonada por el Gobierno Central en casi todo (también en la financiación) es de las peores dotadas para resolver el problema. Fátima Báñez ni está ni se la espera.

Por más que algún optimista metafísico nos diga que el 2015 se regularizará la situación lo único que podemos asegurar hoy es "que tampoco".

Mientras la corrupción generalizada campa por sus respetos irrespetuosos en el ámbito de la política y la desesperación en el de los que siguen esperando el leve "maná" del Fondo de Garantía Salarial.

Que Dios lo remedie porque nuestros políticos ni saben ni lo hacen.

Fermín Palacios Cortés