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¿Quién iba a decirle a Concepción Pascual Lizana que un asunto tan baladí como la publicación en el BOE -en un ínfimo apartado destinado a otros anuncios oficiales  (epígrafe V.B) - de la constitución de una supuesta organización sindical (OTRAS) le iba a suponer el cese de su puesto de Directora General de Trabajo en el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social?

¿Quién iba a pensar que dicha publicación tenía tanta carga política?

Pero el tema tiene tela.

Presentada la documentación con el nombre de siete promotores hay una firma (la de Amanda Azañon Teruel) que no se estampa.

Tras su presentación, en el mes de junio, se les requiere el 5 de julio para que subsanen los defectos (muchos) observados, cosa que se hizo el 26 de julio, para, posteriormente, publicar el anuncio de constitución el 4 de agosto de 2018. Joaquín Pedro Donaire Mateos había conseguido su propósito.

El Sindicato Independiente solicita certificación de los Estatutos inmediatamente ya que, en principio, aparecen importantes contradicciones: la denominación es OTRAS (Organización de Trabajadoras Sexuales) y sin embargo, entre los promotores, hay dos hombres cosa que choca con la propia identidad del sindicato.

A partir de la fecha se señala la posibilidad de impugnar los Estatutos ante la jurisdicción laboral (Sala de lo Social de la Audiencia Nacional). Los Arts. 173, 174 y 175 de la Ley de la Jurisdicción Social no hablan de plazo alguno por lo que habrá que entender que es el común de un año y no el de diez días para impugnar la denegación. El Ministerio Fiscal y el Ministerio de Trabajo tienen faena para rato.

El Sindicato Independiente, teniendo conocimiento de su publicación, solicitó a Madrid copia de los Estatutos de OTRAS y Jesús María Escalona Pillado y Teresa Almasaraz Rico (Jefa del Servicio de la Oficina Pública del Depósito de Estatutos y de Elecciones Sindicales) nos remitió a una "web" para descargarlos directamente con la aplicación DEOSE.

Comprobamos multitud de irregularidades e intentamos hacerlas públicas. Un diario de Madrid se hizo eco del tema y se montó la de Dios es Cristo. Hasta hoy.

Algunos articulistas se han pronunciado al respecto: Isabel Vicente en este medio; Carlos Flores en "Las Provincias".

Nosotros también lo hacemos: creemos que la actividad de la prostitución se debe legislar y para ello hay que modificar el CNAE para incluirla  correctamente. Hay que recoger derechos y obligaciones como trabajadores; se debe cotizar a la Seguridad Social y a Hacienda; se debe tener la posibilidad de acceder a prestaciones, a desempleo y, en su momento, a la jubilación. Pero previo a todo ello y, tras el consenso adecuado, declarar su actividad como lícita.

El problema es serio: no hay consenso. Hay partidos políticos cuya opinión ni es coherente, ni es unánime; hay asociaciones cuyos criterios son contradictorios; ente feministas y "femichistas" no hay coincidencia...

Si se alcanzara el consenso y se legalizara la actividad de la prostitución podría, posteriormente, presentarse Estatutos en las Oficinas Públicas correspondientes.

Mientras, no.

Por cierto, Camilo José Cela, publicó hace unos años el libro que da título a este artículo, basándose en el Cancionero general de 1573 y sus Adiciones de Amberes.

Sería conveniente resolver el problema que, milenario, a fecha de hoy sigue manteniendo en vilo a la ciudadanía.

Por encima de todo las prostitutas son personas.

Fermín Palacios Cortés

Secretario General Sindicato Independiente CV