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La certificación de la Dirección General de Trabajo y Bienestar Social no ofrece dudas: a 31 de diciembre de 2015 el número de representantes sindicales en la Comunidad Valenciana, ha sido de 26.003. De ellos, 2463 son empleados públicos funcionarios y otros 23.540, trabajadores incluso de administraciones públicas.

Si nos vamos a 31 de diciembre de 2012 - cuatro años atrás - el número era muy superior totalizando 32.597; de ellos 2.491 funcionarios y 30.016 personal laboral.

Las cuentas no fallan; se han perdido en un mandato (su duración es de cuatro años) nada menos que 6.594 representantes, un 20,33% del total.

CCOO y UGT no salen beneficiados: si en 2012 ostentaban un 78,02% de la representación total, en 2015 la han reducido a un 73,41% en beneficio de otras opciones.

Los sindicatos mayoritarios lo siguen siendo pero con menor aceptación cada año que pasa. De hecho en el período que reflejamos, CCOO se ha dejado 3.179 representantes y UGT (segundo en el "ranking"), 3.166.

A lo largo de todos estos años el binomio CCOO-UGT ha dispuesto, a través de los acuerdos sociales (AESC, PEV, AVEF, PAVACE) de asignaciones multimillonarias para su asentamiento, desarrollo y exclusividad laboral.

No en balde Paco Molina, Secretario General de CCOO PV, en reciente entrevista aparecida en un diario valenciano el cercano día 22 de febrero, reconocía la inclusión más de 470 militantes de su sindicato "en todo tipo de consejos de participación de norte a sur".

Sin embargo no hacía referencia a la contraprestación que - por esos servicios- viene recibiendo de la Administración Valenciana. En estos momentos 1,3 millones de euros anuales gracias a la mal llamada Ley de Participación y colaboración institucional de las organizaciones sindicales y empresariales representativas en la Comunidad Valenciana (LPCI) de 2 de abril de 2015 y al Decreto 193/2015, de 23 de Octubre del Consell, que desarrolla la anterior, en forma de Reglamento, recurrido por CSIF, USO, IV y el Sindicato Independiente.

Es evidente que la importante caída en representación de los sindicatos hegemónicos ha tenido mucho que ver con la penuria del Consell los años anteriores y las dificultades en la llegada, cantidad y calidad de las subvenciones recibidas por diversos conceptos.

Hay que recordar que en los años anteriores las subvenciones recibidas por número de representantes acreditados (únicas entregadas por la Administración que respondían a criterios objetivos) consistían, en 2008 en 78,24€ por delegado; en 2009, 70,90€; en 2010, 68,63€; en 2011, 46,14€; en 2012 absolutamente nada; en 2013, 17,14€; en 2014, 12,72€ y este año 14,25€. La reducción de este concepto ha sido de un 81,80% del año 2008 al 2015.

Por eso el recibir contraprestaciones por otras vías ha sido fundamental para CCOO y UGT. Había que pagar a no menos 470 personas -en el caso de los primeros- y otros tantos, caso de UGT. Por servicios (?) que prestaban en exclusiva. Suponiendo que fueran servicios.

El año 2015 fue caótico y de ahí garantizar al menos 1,3 millones de euros con retroactividad a cada uno de los sindicatos. Los EREs presentados los últimos años y los adelgazamientos de plantilla sindicales han sido paradigmáticos.

En 2011 eran 70 las organizaciones sindicales que habían obtenido, al menos, un representante en las elecciones; hoy son ya 95 acreditando, con ello, la proliferación de organizaciones cuyo ámbito es la empresa o poco más y el desapego progresivo a los dos sindicatos hegemónicos.

En esta última certificación sorprende el ascenso espectacular de la FSIE (del sector de la enseñanza privada) que pasó en cuatro años de 730 representantes y un 2,23% a 922 y un 3,54% situándose junto a CSIF y Sindicato Independiente (S.I) entre las tres organizaciones que si prosperase el criterio de los partidos políticos de reformar el Estatuto de Autonomía bajando el listón de la representatividad al 3%, podrían acceder - por analogía- a la condición de "más representativos" concepto tan querido para CCOO y UGT.

Han sido muchas las empresas desaparecidas, muchas las que sufrieron EREs de extinción o reducción de plantillas, concursos de acreedores y muchas las que han optado por la desindicalización a la vista de los resultados de la acción practicada.

Los sindicatos, como los partidos políticos, se encuentran en una posición dominante en el rechazo social. Por sus hechos los conoceréis, dicen los escritos sagrados. Y los hechos no son precisamente positivos. El rechazo en los lugares de trabajo, ha sido importante. De ahí la desafección al circuito sindical ordinario.

En cuatro años han aparecido veinticinco organizaciones nuevas que se han presentado a elecciones. Así mismo el apartado " grupo de trabajadores" que en 2012 contaba con 464 representantes no afiliados y un 1,42% del total hoy acredita 481 y un 1,85%, indicio adicional del castigo que los trabajadores dan a los dos mayoritarios.

Hay que destacar, por último que la suma de CSIF, USO y SI ha pasado de un 9,42% a un 9,52% incremento mínimo que no puede -en ningún caso- considerarse satisfactorio para quienes apostaban por una alternativa sindical sólida.

En cualquier caso la posición del Gobierno no ha variado un ápice, con el PP antaño y con el pentapartido (PSOE- Bloc, Iniciativa, Verdes y Podemos) hoy: son fervientes defensores de la vulneración de la Libertad Sindical.

Algunos, desde hace años venimos abogando por la derogación de la L.O.L.S. de 2 de agosto de 1985; la aplicación de la sentencia del Tribunal Constitucional nº 98/85, de 29 de julio; la reducción al 3% del listón representativo y la desaparición (más recientemente) de las leyes limitativas de los derechos e igualdad sindicales ( la Ley 7/2015, de 2 de abril de la Generalitat y el Decreto 193/2015, de 3 de octubre, del Consell, entre otras).

Mantenerlas es contar cuentos, ocultar las cuentas y hacer- los políticos y el Gobierno- de cuentacuentos.

Vergonzoso.

Fermín Palacios Cortés

Secretario General Sindicato Independiente CV