IMPRESENTABLE
José María Ruiz Gallardón, padre del alcalde de Madrid, presentó junto con 65 diputados pertenecientes al grupo popular (PP tras la refundación) un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el proyecto de Ley Orgánica de Libertad Sindical. El Gobierno y el Parlamento Vasco hicieron lo propio.
La Sentencia 98/1985 de 29 de julio (publicada en el BOE el 14 de agosto) determinó en una sentencia interpretativa la constitucionalidad de la L.O.L.S. condicionada al cumplimiento de numerosísimos óbices contenidos en 16 apretadas páginas.
El Pavace II (cuya vigencia se extiende entre 2009 y 2013) fue firmado por el Presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y los Secretarios Generales de CCOO PV y UGT PV. En representación de los empresarios Rafael Ferrando, Presidente de CIERVAL, dio su conformidad.
El apartado 8 del PAVACE II establece, en su párrafo 1, que "el Consell, en el transcurso de la presente legislatura, tramitará una Ley de Participación Institucional, de forma consensuada, con los agentes sociales y económicos firmantes del presente acuerdo".
CCOO, UGT y CIERVAL han cerrado el mundo laboral a tres bandas: las suyas. Mantienen los porcentajes del 10% para alcanzar la condición de más representativo y tener derecho a la vida en las empresas y en los ámbitos institucionales.
No creen en la libre competencia. Están por el monopolio y contra la libertad del mercado.
Los partidos políticos abogan por reducir al 3% el listón representativo, ya existente en el País Vasco, que es el "desideratum" de las fuerzas minoritarias.
En nuestra Comunidad (y la mayoría de otras regiones españolas) el porcentaje es del 5%.
El mismo que el Sindicato Independiente reclama para las organizaciones sindicales, en lugar del 10% abusivo, establecido en la LOLS.
La organización de los independientes, secundada por USO y el resto de organizaciones minoritarias, reclama el mismo tratamiento que los partidos políticos.
Confiaban en que el PP, siguiendo la "doctrina de los propios actos" (1985) en las Comunidades donde gobiernan, equipararían a partidos políticos y sindicatos en requisitos para obtener la condición representativa.
Parece que en esta Comunidad no va a ser así y que consagrarán el bisindicalismo de CCOO y UGT, sin parangón en Europa y demás países democráticos.
El PP. parece que quiera enajenarse la amistad de los trabajadores independientes y autónomos. De quienes abominan de mezclar lo laboral y lo político.
La actitud suicida del PP puede costarle caro en una convocatoria electoral.
¿Qué ocurriría si los sindicatos minoritarios, pero con apreciable presencia en los centros de trabajo, pidieran que no se les votara por fomentar la violación de la libertad sindical?. ¿Qué ocurriría si de manera coordinada pidieran el voto pase otras formaciones políticas?.
La autolisis del PP podría ser lamentable.
Ruiz Gallardón padre, es el modelo a seguir.
Fermín Palacios
