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Los datos son estremecedores: 4.326.500 desempleados, según la Encuesta de Población activa, hechos públicos para 31 de diciembre de 2009. En estos momentos, bastante más ya que la sangría ni se detiene ni se ponen medios para ello.

El Gobierno de España, maniatado por la política suicida de Zapatero, consistente en el "dolce far niente", sigue minando la economía española con el consentimiento pasivo de la patrona CEOE - ensimismada en sus propios problemas de representación y representatividad - y los sindicatos "mayoritarios" (CCOO y UGT) acomodados en el triste ejercicio de pacer las doradas migajas de los Presupuestos.

Entre tanto 1.220.000 familias tienen a todos los miembros, con posibilidad de trabajar, en el paro. Además, 1.433.877 desempleados han agotado o no han podido acceder a prestación alguna.

Los comedores sociales, abarrotados, observan el triste espectáculo tan sólo comparable a la época de posguerra y a las cartillas de racionamiento.

España no va bien.

En España empieza a morirse de hambre. En España comienzan a mendigar la comida y a traficar con ella en los contenedores de basura de los supermercados.

Leyre Pajin lo dijo en su momento: "la situación es comparable a 1993". Cierto. También en aquel momento con gobiernos socialistas. No dijo, sin embargo, que la salida de aquella crisis, más liviana que la actual, vino de la mano de la entonces, y hoy también, oposición: del Partido Popular.

Los trenes de Atocha nos trajeron aquel fatídico 11 de marzo -hace ya seis años- no sólo sangre, dolor y lágrimas, sino también el comienzo de una larga y escandalosa crisis económica que ha hecho pasar a nuestro País, de candidato al club de los Ocho, a escoria de Europa.

En momentos de emergencia nacional -este lo es -todos, olvidando agravios y reconociendo errores, tiran del carro. En 1977, bajo la batuta de unos de los mejores políticos que ha dado España (Suárez, claro) se concitaron esfuerzos en torno al Pacto de la Moncloa.

Se firmó un Acuerdo Político y Económico en Madrid, elaborando una propuesta unitaria que cuajó entre los días 8 y 27 de octubre. Se tocaron todos los palos: política presupuestaria, seguridad social, política monetaria, precios y salarios. Se acometió un plan de saneamiento económico; la reforma fiscal; se perfeccionó el control del gasto público; se inició una política de urbanismo suelo y vivienda; se reformó la Seguridad Social en sus capítulos de gestión, vigilancia e inspección, prestaciones, desempleo, pensiones y prestaciones sanitarias; se reformó el sistema financiero; se coordinó la política agrícola, pesquera y su comercialización; se concretó una política energética y se dotó a la empresa pública de un estatuto. Por último, se señalaron criterios de adaptación a las instituciones autonómicas.

Ni los empresarios ni los sindicatos participaron en estos Pactos. Si, por el contrario, la totalidad de los representantes políticos después de haberse alcanzado un acuerdo básico entre los dos principales partidos de aquel entonces (UCD y PSOE).

Hoy nada de eso es posible porque el gobierno de España, Zapatero a su cabeza, no lo quiere.

Y, mientras, hechos tan sangrantes como las pensiones de presidentes o miembros de Consejos de Administración de bancos o dirigentes de sociedades sin ánimo de lucro (¡vaya eufemismo!) nos ponen de rodillas a los pies de los caballos.

Nos sobran las razones -Joaquín Sabina "dixit"- para exigir, ya, elecciones anticipadas.

Fermín Palacios